La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) fue publicada en el mes de octubre del año 1982, por lo que se encuentra vigente desde hace 36 años, la más antigua de Latinoamérica. La LGT ha sufrido alrededor de 80 modificaciones, complementándose con 27 reglamentos. Además, existen aproximadamente 130 Decretos y/o Resoluciones Exentas que integran la normativa del sector.
Nuestra LGT fue concebida para la telefonía, el servicio predominante en su origen. Como dato ilustrativo, la LGT menciona en 60 oportunidades las palabras telefonía, 24 veces las palabras televisión y tan sólo 27 veces la palabra Internet, en circunstancias que ambos servicios (telefonía y televisión) están siendo absorbidos como aplicaciones de Internet.
Desde los 80 han ocurrido cuantitativas y cualitativas transformaciones económicas y tecnológicas en el sector, aumentado drásticamente el tamaño del mercado, la cantidad de servicios ofrecidos y de usuarios. Los cambios son tan profundos que el marco conceptual mismo ha cambiado. En la época de la promulgación de la LGT no existían las redes inalámbricas móviles ni Internet, innovaciones fundamentales que no sólo revolucionaron la dinámica del sector, sino la forma de vida, las relaciones, la educación, el trabajo y la entretención de la población en general.
Las características monopólicas u oligopólicas de las telecomunicaciones no han cambiado. Éstas se fundamentan en la existencia de grandes economías de escala para construir la infraestructura física en la que se apoya, situación que sigue vigente. Sin embargo, la LGT regula el mercado asociando infraestructura al servicio telefónico, uno más entre muchos, justamente el que hoy tiene más sustitutos y competencia. Claramente este enfoque distorsiona la asignación de recursos.
El legislador se ha visto obligado por algunas circunstancias, principalmente abusos anticompetitivos, y ha debido realizar algún esfuerzo marginal para parchar la LGT. No obstante, aún subyacen en ella consideraciones y disposiciones pensadas para la realidad de origen. Dichas normas favorecen a las empresas incumbentes a pesar que hoy no tengan relevancia alguna.
Cuando la sociedad y la economía transitan hacia lo digital, resulta paradojal que la Ley que regula la infraestructura sobre la cual esta transformación debe ocurrir no se haya reformulado. Las recientes pugnas por el espectro entre la autoridad sectorial, las empresas y el poder judicial dan cuenta de una institucionalidad fallida. Urge entonces su reemplazo y modernización. Pasan los años, los gobiernos, ministros y subsecretarios, senadores y diputados, pero la ley basal de la transformación digital del país sigue inmutable. ¿Quién se hace cargo?
Alberto Mordojovich
Gerente General
Redvoiss
Fuente: Estrategia.cl
